Luego de que el confinamiento relacionado con la pandemia del coronavirus se empezó a terminar de manera gradual, hubo un fuerte incremento en el nivel de precios y se registró una inflación mayor al 10% después de 21 años. La recuperación de la economía luego de la recesión económica de 2020 dejó como secuela un aumento de los precios, en especial en los alimentos. En marzo de 2023 se llegó a una inflación anual de 13.34% que se redujo a 4.82% en junio de 2025. Quedan retos a corto plazo por resolver para el gobierno y el Banco Central, dado que la inflación ha pasado a 5.18% recientemente. A favor del control de la inflación se encuentra la estabilidad de la tasa de cambio y al mismo tiempo continúa una senda de recuperación del crecimiento económico.

El Presupuesto General de la Nación ya superó el primer debate en las Comisiones Económicas. Ahora continuará su proceso de revisión y aprobación en las plenarias de Senado y Cámara, con fecha límite del 20 de octubre. Al mismo tiempo, las Comisiones Económicas estarán analizando en primer debate el proyecto de Ley de Financiamiento. Para un total de $546.9 billones acordados con una reducción de gastos de funcionamiento y de inversión con respecto a la propuesta inicial, queda pendiente por financiar $16.3 billones. Lo acordado en el primer debate en cuanto a recortes y distribución debe ratificarse en el segundo, de otra forma sería expedido por Decreto con las prioridades definidas por el gobierno. ¿Qué se menciona en el proyecto de Ley de financiamiento acerca de la reducción del gasto tributario, la progresividad tarifaria y los impuestos al consumo?

En el trámite del Presupuesto General de la Nación de 2026, las Comisiones Económicas y el Gobierno se pusieron de acuerdo para su aprobación en el primer debate. Para el segundo debate, se espera confirmar el monto, los recortes si se consideran y los ejercicios de distribución. Se aprobó la reducción del gasto en $10 billones al propuesto inicialmente, es decir, el monto del presupuesto anual por el momento sería de $546.9 billones. En el segundo debate, se espera ratificar lo acordado hasta ahora, es decir, el recorte y las redistribuciones. El proyecto de Ley de Financiamiento, cuya discusión puede ir más allá del 20 de octubre, será discutió en las Comisiones Económicas, para financiar $16.3 billones. El 31 de diciembre es la fecha límite para conocer si el PGN quedó financiado, de lo contrario, en enero se suspende lo que corresponda.

Continúa la expectativa con respecto a la definición del Presupuesto General de la Nación para 2026 y la ley de financiamiento que busca nivelar los ingresos necesarios. Dentro de los posibles escenarios de acuerdo entre el Gobierno y el Congreso, se espera una aprobación y un debate de la Ley de Financiamiento de manera conjunta, una aprobación y un debate por separado o una aprobación de un monto inferior con ajustes en la Ley de Financiamiento. Las cuatro Comisiones deben votar para definir la estrategia a seguir. El debate del presupuesto parte de un límite superior dado por el gobierno, donde lo que interesa es la redistribución según las prioridades de los congresistas, que pueden ser diferentes a las del gobierno.

Presupuesto General de la Nación propuesto para su aprobación es de 556.9 billones de pesos, aunque está desfinanciado por 26.3 billones, de ahí el interés de una reforma tributaria para completar los ingresos necesarios, de ahí que se haya presentado el proyecto de ley de financiamiento para 2026. Esos recursos adicionales deben venir de modificaciones en los impuestos, no de más endeudamiento. Dentro de las modificaciones propuestas se menciona el gravamen a los ingresos de fuentes rentísticas y extraordinarias, avanzar en la transición energética, del consumo saludable y reducir desigualdades. No se ha mencionado un gravamen a los ingresos medios bajos ni la canasta familiar. Se contempla también una estrategia para descongestionar a la DIAN, que se ha repetido en las últimas reformas y no ha dado los resultados esperados. Se espera que el Gobierno y el Congreso puedan llegar a un acuerdo.

La propuesta presentada por el gobierno del Presupuesto General de la Nación (PGN) fue de 556.9 billones de pesos. Para garantizar su financiamiento, se requieren de ingresos adicionales por 26.3 billones de pesos, propuestos en la reforma tributaria que también entra a discusión. Teniendo en cuenta la evaluación por la que debe pasar el monto del presupuesto del 2026 en las comisiones económicas, hay dos escenarios: que se establezca el monto radicado por el gobierno o que la discusión lleve a sacarlo por Decreto. El tema más importante a tratar es el gasto y la presión por comprimirlo, es decir, qué se puede recortar en el componente del funcionamiento.

El trámite para la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 está siendo debatido en el Congreso, que se centra en tres aspectos: el ingreso y sus fuentes de financiamiento, la composición del gasto y el debate de plenarias de Senado y Cámara para tomar la decisión definitiva, con plazo al 20 de octubre. Lo que se debate, más que el monto del PGN, es el financiamiento y el equilibrio de ingresos y gastos. Al mismo tiempo se solicita tramitar una Ley de Financiamiento con el fin de garantizar el gasto público. Aunque lo esperable en todas las ocasiones es que, luego de las modificaciones durante los debates, el Congreso apruebe el PGN, ¿qué se puede esperar de los debates? ¿El PGN será aprobado por el Congreso o sucederá algo similar a lo ocurrido en 2025?

En un evento preparado por la Asociación Médica Sindical Colombiana (ASMEDAS) Seccional Antioquia, el académico y exministro de Hacienda Ricardo Bonilla analiza y comenta los resultados económicos de los tres años del gobierno Petro. El crecimiento económico se mantiene por debajo del 3% y sigue dependiendo ampliamente de la actividad del sector minero-energético. En este gobierno se ha propiciado la diversificación de la actividad económica, con esfuerzos en la agroindustria, algunos sectores de la industria y el turismo. ¿Qué se ha logrado en esta materia? ¿Qué ha pasado con el desempleo? ¿Cómo se encuentra el nivel de informalidad? ¿Cómo impacta lo anterior en la afiliación y la cotización de la seguridad social? ¿Cómo se ha comportado la inflación y cuál ha sido su diferencia con respecto a la tasa de interés? ¿Qué sucede en materia fiscal y cómo se ha distribuido el presupuesto para los pagos de deuda y los gastos de funcionamiento? Estas preguntas son abordadas a lo largo de esta presentación que puede ser visualizada por el canal de Youtube de ASMEDAS Antioquia.

Los departamentos recaudan menos del 1% del PIB y dependen de las transferencias del Gobierno Nacional Central (GNC). Gracias a la aprobación del Acto Legislativo 018 Senado y 437 Cámara de 2024, aumentaron gradualmente las transferencias del Sistema General de Participaciones SGP, del actual 27,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) al 39,5% en un periodo de doce años. La nueva normativa no ha entrado en vigor, ya que falta la aprobación de la Ley de Competencias para cumplir los objetivos de la descentralización, aunque ¿qué tipo de descentralización? El debate no es sobre funciones de los niveles de gobierno, sino sobre lo que debe incluir sectorialmente, dado que todos estos servicios se ejecutan de manera efectiva en el territorio municipal y regional: educación, salud, agua potable y saneamiento… y por supuesto, el financiamiento de la infraestructura local y regional.

Entre 2010 y 2024, la Dian recaudó en promedio el 14,93% del PIB, con un mínimo de 12,9% en 2010 y un máximo de 17,6% en 2023. En esta columna, Ricardo Bonilla muestra el aumento del recaudo en las últimas reformas tributarias, especialmente las leyes 2155 de 2021 y 2277 de 2022. El sistema tributario colombiano se compone de 17 impuestos, directos e indirectos, pero el recaudo se concentra en renta (6,43% del PIB) y el IVA (5,94%). Otros tributos relevantes incluyen aranceles, gravamen a movimientos financieros e impuestos al consumo, patrimonio y productos específicos. Los objetivos de reducir la desigualdad después de impuestos y la brecha de participación entre personas naturales y jurídicas siguen pendientes. El nuevo proyecto de Ley de Financiamiento busca recuperar ingresos y corregir fallas estructurales en la tributación.

En los últimos 50 años, la tasa de inversión fija en Colombia (medida como la formación bruta de capital fijo sobre PIB) ha sido en promedio 17,6%, con un pico de 23,4% en 2014-2015 y un mínimo de 13,8% en 1975 y 1993. El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, muestra que no se ha logrado un aumento de la inversión para llegar al 30%, lo que considera un requisito para un crecimiento sostenido sin que se dependa exclusivamente de un sector como continúa sucediendo con la industria minero-energética. Después de la bonanza en la década pasada y tras la pandemia, la inversión retornó a niveles promedio, con menor peso del sector minero-energético y mayor participación de la manufactura y las finanzas. El país busca diversificar hacia agroindustria, turismo y servicios, ampliando relaciones con China, otros miembros de los BRICS y el Medio Oriente.

Las fuentes de financiamiento del sistema de salud en Colombia son los aportes de los ciudadanos y una parte que destina el Estado de los impuestos recaudados (de libre destinación, de destinación específica, algunas tasas y contribuciones). Bajo el sistema diseñado en la Ley 100 de 1993, existen el régimen contributivo y el subsidiado. Su financiación fue de $94.5 billones de pesos para el año 2024 y se proyecta que para 2025 será de $98.7 billones. Se estima que el 65.8% del ingreso del sistema de salud se financió con impuestos, tasas y contribuciones y un 34.2% de las cotizaciones o aportes de los ciudadanos. El académico Bonilla hace un desglose y una explicación de las diferentes fuentes de ingreso del sistema de salud, las modalidades de los Planes Voluntarios de Salud y los gastos de bolsillo en los dos regímenes.

A la espera de decisiones de fondo de la Corte Constitucional respecto a la Ley 2381 de 2024 quedan inquietudes por resolver, una de ellas es el uso que han tenido las cotizaciones recaudadas por los cuatro Fondos de Capitalización de RAIS y el retorno hacia sus afiliados, entre ellos la devolución de saldos. Lo recaudado por cotizaciones en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) en el período de quince años transcurrido enero 2010 a diciembre 2024, fue de $313 billones. Los Fondos declararon ante la Superintendencia Financiera rendimientos financieros por $282 billones en el mismo período, para un total de ingresos por $595 billones, de los cuales 53% fueron cotizaciones de Ley entregadas por sus afiliados. ¿Cuáles son los destinos de estos recaudos?